Los Realejos pide retrasar el nuevo impuesto estatal de residuos
Los Realejos pide junto a la FECAM aplazar la entrada en vigor del nuevo impuesto estatal de residuos
El municipio soporta ya más de 800.000 euros anuales de tasa al PIRS y esta medida obligaría a repercutir el incremento en la tributación de la ciudadanía
El Ayuntamiento de Los Realejos, a través de su alcalde, Adolfo González, asistido por la Junta de Gobierno Local del pasado 14 de noviembre, pide al Gobierno de España, a través del Congreso de los Diputados de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, “retrasar la entada en vigor del nuevo impuesto estatal aplicable al depósito de residuos en vertedero, a la incineración y a la coincineración de residuos”, tal y como ha solicitado la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
“Se nos da un plazo de tres años para que definamos una estrategia y establezcamos los mecanismos necesarios para mejorar la gestión de residuos y que se reduzca el volumen de basura en las plantas de tratamiento, pero plantean cobrarnos este impuesto a los ayuntamientos desde el próximo 1 de enero de 2023”, resalta el edil realejero.
Añade que “las corporaciones locales mostramos nuestra total predisposición a seguir implementando medidas en pro de la sostenibilidad y la economía circular, en estrechar la coordinación con las administraciones públicas a todas las escalas, continuar en la línea del fomento entre la ciudadanía de una reducción del volumen de residuos que generamos, pero nos castigan con un impuesto casi inmediato sin un margen de maniobra y planificación”.
“El municipio de Los Realejos, a través de su empresa de servicios Realserv, destina ya por tasa anual al Plan Insular de Residuos Sólidos (PIRS) más de 800.000 euros, con lo que el incremento que supondría tener que hacer frente al nuevo impuesto elevaría considerablemente el gasto, que sería inasumible a día de hoy sin repercutirlo en la recaudación a la ciudadanía”, alerta Adolfo González.
“En resumen, ese nuevo impuesto que pretende gravar a los ayuntamientos por el depósito de residuos en vertedero de manera inminente, nos está dirigiendo de manera indirecta a tocar los bolsillos de vecinos y vecinas en uno de los escenarios económicos más difíciles e inciertos de los últimos años, una medida a lo que los alcalde y las alcaldesas de Canarias nos oponemos”, indica el alcalde de Los Realejos.
La propia FECAM ha trasladado que “establecer este nuevo impuesto para reducir el volumen de residuos en vertedero no es de recibo sin que antes se haya fijado una estrategia que indique cómo conseguir esa reducción”. La Federación de Municipios de Canarias cifra en 40 millones de euros el costo que la medida supondría en un año al conjunto de los 88 ayuntamientos del archipiélago.
Adolfo González expone, por tanto, “la necesidad de modificación, a través del Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, de la disposición relativa al tributo estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aplazando su entrada en vigor al mismo plazo que se ha dado a las entidades locales para establecer la tasa o, en su caso, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria”.
